CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE CASACIÓN N CAJAMARCA. Reivindicación de herencia


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1 Legitimidad para obrar SUMILLA.- La legitimidad para obrar o legitimatio ad causam, es una condición de la acción que precisamente limita o condiciona el ejercicio de ésta a su existencia. La demanda interpuesta por quien carece de legitimidad para obrar puede ser declarada improcedente de oficio por el Juez, pudiendo incluso ser denunciada a través de la nmkkcorrespondiente excepción. Asimismo se configura cuando no existe coincidencia entre las personas que la norma le otorga el derecho con la que plantea la acción Lima, dos de agosto de dos mil dieciséis.- LA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa en discordia número tres mil doscientos setenta y tres - dos mil catorce; con el voto de la señora Jueza Suprema Tello Gilardi quien se adhiere al voto de los señores Del Carpio Rodríguez, Rodríguez Chávez y Calderón Puertas; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con arreglo a Ley; emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO En el proceso de reivindicación de bienes hereditarios número tres mil doscientos setenta y tres - dos mil catorce, Víctor Abraham Chugden Vásquez ha interpuesto recurso de casación mediante escrito obrante a fojas seiscientos treinta y seis, contra la sentencia de vista obrante a fojas seiscientos veintiséis que declaró nulo e insubsistente todo lo actuado e improcedente la demanda, ordenándose el archivamiento del proceso. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA: El seis de agosto de dos mil nueve, mediante escrito de fojas cuarenta y cinco, Víctor Abraham Chugden Vásquez interpone demanda de reivindicación de bienes hereditarios, señalando como pretensión lo siguiente: Se disponga la entrega al demandante, en su condición de 1

2 apoderado de su madre Francisca Vasquez Gonzales, los siguientes inmuebles: i) Jirón Coronel Arguedas N 362 y 374 de la ciudad de Cajamarca ii) Jirón Coronel Arguedas N 356 de la ciudad de Cajamarca Entre los argumentos de la demanda destacan lo siguiente: - La línea sucesoria se inicia con los abuelos de la poderdante (madre del demandante) y, en consecuencia, bisabuelos del accionante Elias Gonzales Guevara y Maria Fidela Saavedra - Bustamante, quienes dejaron testamento a favor de sus nueve hijos, entre ellos a la abuela del accionante (Carmen Gonzales Saavedra) quien fue declarada su heredera, inscribiéndose en la partida registral correspondiente. - En mil novecientos once y mil novecientos doce, sus bisabuelos adquirieron de las hermanas Elvira y Rosa Bernal Vigo dos inmuebles ubicados en el Jirón Coronel Arguedas, (pretendiéndose ahora reivindicar) un área de terreno de seiscientos ocho metros cuadrados, correspondiendo ciento noventa y dos metros cuadrados (signado con el número 356 del Jirón Coronel Arguedas) ocupada por la demandada Juana Amanda Briseño Muñoz y la otra área de cuatrocientos dieciséis metros cuadrados de los inmuebles (asignados como números 362 y 374) ocupados por la demandada Aidé Eusebia Guevara Sánchez. - Queda claro que los bienes son parte de la masa hereditaria dejada por la abuela de la poderdante y bisabuela del recurrente, la que mantiene su estado de indivisión. - De manera inconsulta y de mala fe, con deseo de perjudicar al accionante y a su madre, dichos inmuebles fueron vendidos por quienes lo ocupaban aduciendo titularidad por prescripción adquisitiva, aun cuando conocían que los bienes herenciales en estado de indivisión no pueden ser usucapidos. Dichas ventas se efectuaron por la hermana de la madre (tia) de la poderdante Juana Amanda Briseño Muñoz y por sus demás hermanas a favor de la ahora ocupante (Aidé Eusebia Guevara 2

3 Sánchez) celebrado el veinticuatro de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, por lo que al haberse dispuesto de manera unilateral y de mala fe los bienes que constituyen masa hereditaria indivisa de su madre, es que solicita su entrega. 2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Por escrito obrante a fojas cien, presentado el veintisiete de noviembre de dos mil nueve, la demandada Aidé Eusebia Guevara Sánchez (compradora de los inmuebles), contesta la demanda la que negó y contradijo en los siguientes términos: - alega que es cierto que los bisabuelos de la demandante adquirieron dos inmuebles, sin embargo, dichos bienes se ubican en la Calle Cajamarca y no en el Jirón Coronel Arguedas según se aprecia en su escritura pública del treinta y uno de marzo del dos mil, por lo que, no se ha probado que en la actualidad dichos bienes se encuentren en el Jirón Arguedas. - No se ha acreditado que la venta a favor de los demandados haya sido de mala fe, siendo falso además que Neptali Cotrina y cónyuge hayan vendido recientemente a su persona, pues dichas personas no son sus vendedoras sino Rosa Doraliza Cotrina Cruzado y Julio Cesar Condori Aranya con el sesenta por ciento de derechos y acciones y posteriormente los demás herederos de Cotrina Cruzado le venden el cuarenta por ciento de derechos y acciones, por lo que es la propietaria absoluta del inmueble signado con los números 362 y 374 del Jirón Coronel Arguedas. El demandado ha adquirido el bien de buena fe y no de un presunto heredero sino de una tercera persona que adquirió el inmueble por compraventa. En tal sentido, no se cumple el requisito establecido en el artículo 665 del Código Civil, que establece que la acción reivindicatoria procede contra quien, sin buena fe, adquiere los bienes hereditarios por efectos de contratos a título oneroso 3

4 celebrado por el heredero aparente que entró en posesión de ellos. - No es la primera vez que el demandante de manera ilícita quiere apropiarse de algo que no le corresponde, porque incluso quiso adueñarse del estadio Carlos Torres de Bambamarca. - El apoderado ha dejado pasar más de dos generaciones de sus ascendientes sin que se pida reivindicación y más de tres compraventas sin decir nada, y ahora que ha adquirido la propiedad alega ser heredero para obtener provecho económico. Mediante Resolución del tres de setiembre de dos mil diez, obrante a fojas doscientos treinta y ocho, se declaró rebelde a Juana Amanda Briceño Muñoz. 3 PUNTOS CONTROVERTIDOS Mediante resolución de fecha quince de setiembre de dos mil diez, obrante a fojas doscientos cincuenta y seis, se declaró saneado el proceso y se fijó como punto controvertido: Determinar la procedencia de la pretensión de reivindicación de bienes herenciales, a favor de Francisca Vásquez Gonzales referente a los inmuebles ubicados en el Jirón Coronel Arguedas No 362, 374 y 356 de la ciudad de Bambamarca, acción dirigida contra Aidé Eusebia Guevara Sánchez y Juana Amanda Briseño Muñoz. 4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juez del Juzgado Mixto de Cajamarca, mediante sentencia de fojas quinientos cincuenta y ocho, su fecha cinco de noviembre de dos mil trece, declaró infundada la demanda. La citada decisión se sustentó en los siguientes fundamentos: Respecto al bien ubicado en Jirón Coronel Arguedas N 356, 4

5 mediante escritura pública de compraventa del veintitrés de setiembre de mil novecientos setenta se acredita que Grimaldina transfiere la propiedad de una casa habitación a favor de Juana Amanda Briseño Muñoz, acogiéndose a la prescripción adquisitiva por estar poseyendo más de treinta años. Lo mismo ocurrió con el otro inmueble pues mediante escritura pública de compraventa de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos setenta y uno los hermanos Betzabe, Catalina, Segunda, Eulalia y Epifanio Vásquez Gonzales (hijos de Timotea Gonzales Saavedra -hermana de la abuela del actor) transfieren en compraventa a los esposos Neptali Cotrina Arana y Zoraida Cotrina Mejía. - Se ha acreditado que la demandada Aidé Eusebia Guevara Sánchez primero adquirió el sesenta por ciento de los derechos y acciones del inmueble de Coronel Arguedas N 374 y, posteriormente adquirió el otro cuarenta por ciento. Por lo que corresponde determinar si estos bienes fueron adquiridos sin buena fe y de un heredero aparente que entró en posesión de los bienes sin haberlos adquirido del causante, siendo que, en el presente caso no nos encontramos ante un tercero que haya adquirido el bien hereditario directamente de un heredero aparente sino ante sucesivas compraventas celebradas entre terceros en las que se ha enajenado el bien. Respecto al bien ubicado en Jr. Coronel Arguedas N 374 y 362, no se puede señalar que los compradores eran de mala fe porque adquirieron el bien de quien creían eran sus legítimos propietarios, ya que Neptali Cotrina Arana y Zoraida Cruzado Mejía adquirieron el bien por compraventa, y, posteriormente, le vendieron derechos y acciones a la demandada. - En tal sentido, ante supuestos de enajenación sucesiva del bien herencial por parte de un heredero aparente en el que no se puede recuperar el bien se ha regulado la posibilidad de resarcimiento por dicha 5

6 enajenación según el artículo 666 del Código sustantivo, por lo que, el demandante está facultado a interponer dicha pretensión. - Por otro lado, Juana Amanda Briceño Muñoz si adquirió el bien ubicado en Coronel Arguedas N 356 de los herederos Grimaldina Gonzales Saavedra, sin embargo, no se ha acreditado la mala fe, por el contrario, la transferencia se realizó ante funcionario público, resultando evidente que actuó de buena fe. 5. RECURSO DE APELACIÓN Mediante escrito obrante a fojas quinientos ochenta, presentado el veintidós de noviembre de dos mil trece, el demandante interpuso recurso de apelación, señalando los siguientes agravios: No se ha tenido en cuenta lo manifestado en la audiencia de pruebas, en el sentido de que tanto la demandada Aidé Eusebia Guevara Sánchez como "los esposos" Naptali Cotrina Arana y Zoraida Cruzado Mejía, conocían perfectamente que el inmueble que aquella tiene en posesión era un bien harencial e indiviso, al extremo que ya durante los años mil novecientos noventa y tres a mil novecientos noventa y siete, el apelante les hacía saber que dicho inmueble no pertenecía a los mencionados esposos, sin embargo en acto que denota su mala fe, en el año dos mil, en la ciudad de Arequipa, vende sus acciones a una de sus hijas y a su esposo, a lo que agrega que la demandada Aidé Eusebia Guevara Sánchez, recién adquiere el inmueble, cuya reivindicación se pretende, en el año dos mil seis y dos mil nueve, es decir cuando tenía pleno conocimiento de los requerimientos que el recurrente hacia respecto de la propiedad de dicho inmueble. 6. SENTENCIA DE VISTA 6

7 La Sala Mixta Descentralizada Permanente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca expidió la sentencia de vista de fojas seiscientos veintiséis, su fecha cuatro de julio de dos mil catorce, que declaró nulo todo lo actuado e improcedente la demanda, ordenando el archivamiento del proceso. Las razones esenciales que sustentaron dicha decisión son las siguientes: - Se encuentra debidamente acreditado que el bien materia de demanda fue de propiedad de los esposos Elías Gonzales Guevara y María Fidelia Saavedra Bustamante conforme consta de [as escritura públicas de compraventa de fecha once de diciembre de mil novecientos once, obrante a fojas dieciséis. Al fallecimiento de María Fidelia se instituyo a sus herederos universales, entre ellos Carmen Gonzales Saavedra (abuela del demandante) casada con Cayetano Vásquez Astonista que declaró como su única heredera a Francisca Vásquez Gonzales (madre del actor). Solo se ha acreditado la institución de herederos respecto a María Fidelia Saavedra Bustamante a quien le corresponde solo el cincuenta por ciento de acciones y derechos, mas no existe sucesión de su cónyuge (Elías Gonzales Guevara -bisabuelo del actor), respecto de quien no fue declarada heredera Carmen Gonzales Saavedra, abuela del recurrente, por lo que es evidente que a esta última no le asiste legitimidad para interponer la presente demandada debido a que no se ha acredita su vocación hereditaria respecto a su bisabuelo. Por tanto, no se puede emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto debiendo declararse la improcedencia de la demanda. III. RECURSO DE CASACIÓN Contra la antes citada decisión, el demandante Víctor Abraham Chugden Vásquez interpuso recurso de casación mediante escrito obrante a fojas seiscientos treinta y seis. Esta Sala Suprema mediante resolución calificatoria del trece de noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas treinta y siete del 7

8 cuaderno de casación, declaró la procedencia del recurso por las siguientes infracciones normativas: a. Infracción normativa por inaplicación del artículo 969 del Código Civil, que regula el régimen legal de la copropiedad. El recurrente considera que se ha vulnerado este dispositivo normativo debido a que resulta claro que el demandante tiene la titularidad respecto a los inmuebles que conforman la masa hereditaria de la coheredera y, por ende, copropietaria, por lo que, no se ha tenido en cuenta que la madre del recurrente tenía plena legitimidad para interponer la presente demanda, al ser heredera de la hija de la propietaria del cincuenta por ciento de los bienes heredados. b. Infracción normativa del artículo 979 del Código Civil; que regula la reivindicación y defensa del bien sujeto a copropiedad y que establece que cualquier copropietario puede reivindicar el bien común. El recurrente considera que la Sala Superior no ha tenido en cuenta este dispositivo legal porque cualquiera de los coherederos podía interponer la presente demanda de reivindicación de bienes, por lo que, no es correcta la decisión adoptada respecto a la falta de legitimidad para obrar del demandante. c. Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, que reconoce al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva como principios fundamentales de la función jurisdiccional. El recurrente menciona que al declarar la supuesta falta de legitimidad del recurrente (e inicialmente de su señora madre), pese a estar debidamente acreditada su condición de sucesores de los coherederos de la propietaria original del bien, se ha vulnerado de manera flagrante el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva así como el principio pro actione. IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE En el presente caso, la cuestión jurídica en debate consiste en determinar si al expedirse la sentencia de vista impugnada se ha vulnerado el derecho del actor al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, en tanto la Sala Superior 8

9 declaró la improcedencia de la demanda por falta de legitimidad para obrar del demandante, asimismo de ampararse esta denuncia establecer si el recurrente tiene expedito su derecho para solicitar la reivindicación de los bienes hereditarios de su madre. V. FUNDAMENTOS: PRIMERO.- Se ha demandado reivindicación de herencia. La Sala Superior ha declarado improcedente la demanda por las siguientes razones: 1. El bien materia de litigio era de los esposos Elías Gonzáles Guevara y María Fidela Saavedra Bustamante. 2. No existe sucesión respecto a Elías Gonzáles Guevara. 3. Fallecida María Fidela Saavedra Bustamante (a quien según la sentencia corresponde solo el 50% el bien) se declaró heredera, entre otras, a Carmen Gonzáles Saavedra. 4. No le asiste legitimidad para demandar a esta última por no haberse acreditado su vocación hereditaria respecto a su abuelo Elías Gonzáles Guevara. SEGUNDO.- Por consiguiente, a criterio de la Sala Superior el bien en litigio también perteneció a María Fidela Saavedra Bustamante y ha sido transmitido a Carmen Gonzáles Saavedra. TERCERO.- En esa perspectiva, siguiendo la línea de interpretación de la sentencia impugnada, la referida Carmen Gonzáles Saavedra posee acciones y derechos sobre el bien y tal derecho proviene de su vocación hereditaria. CUARTO.- Si ello es así, nada obsta para que la referida persona interponga la presente demanda, pues indistintamente de las acciones y derechos que le pudieran corresponder sobre el bien derivado de su calidad de heredera de Elías Gonzáles Guevara, tiene la que corresponde a su madre y esa lo habilita para solicitar la reivindicación respectiva. 9

10 QUINTO.- En tal sentido, hay correspondencia entre la relación material alegada y la relación procesal, por lo que existe legitimidad para obrar activa, razón por la cual no se debió declarar improcedente la demanda, habiéndose infringido el artículo 139, inciso 3 de la Constitución del Estado, dado que el debido proceso implica la necesidad de emitir pronunciamiento definitivo cuando no exista impedimento alguno para hacerlo, como ocurre en el presente caso. DECISIÓN Por los fundamentos precedentes y en aplicación de lo establecido por el artículo 396 del Código Procesal Civil: declararon FUNDADO el recurso casación interpuesto por Víctor Abraham Chugden Vásquez (página seiscientos treinta y seis); en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha cuatro de julio de dos mil catorce, expedido por la Sala Mixta Descentralizada Permanente e Intinerante de Santa Cruz de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, ORDENARON el reenvío de los autos a dicho órgano superior a fin de que expida nueva resolución con arreglo a ley, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial EL Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Víctor Abraham Chugden Vásquez con Juana Amanda Briseño Muñoz y otra, sobre reivindicación.- S.S. TELLO GILARDI DEL CARPIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CHAVEZ CALDERON PUERTAS EL VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS WALDE JAUREGUI, CUNYA CELI y DE LA BARRA BARRERA ES COMO SIGUE:-- 10

11 1. Es conveniente señalar que este Supremo Tribunal ha declarado procedente el recurso de casación por infracciones normativas tanto de orden procesal y material, por lo que, en primer lugar, deberá analizarse la infracción procesal debido a la naturaleza y los defectos de ésta, pues si mereciera amparo carecería de objeto pronunciarse respecto de la infracción que tiene relación con el derecho material, ello en conformidad con lo establecido en el inciso 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil modificado por Ley N 29364, el cual establece que si el recurso de casación contuviera ambos pedidos (anulatorio o revocatorio), deberá entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. Derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional. 2. El debido proceso o proceso justo reconocido constitucionalmente por el artículo 139 inciso 3 de la Carta Magna, se ha conceptuado como un derecho humano o fundamental que tiene toda persona por el solo hecho de serlo, y que le faculta a exigir al estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente, toda vez que el Estado no sólo está en el deber de proveer la prestación jurisdiccional a las partes y terceros legitimados, sino a proveerla bajo determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo; por tanto, aquel derecho no sólo tiene un contenido procesal y constitucional sino también un contenido humano de acceder libre y permanentemente a un sistema judicial imparcial y justo 3. El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, 11

12 una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales. 4. En el caso de autos, la Sala Superior al declarar improcedente la demanda ha señalado que habiéndose acreditado que el bien materia de litigio corresponde a los esposos Elías Gonzáles Guevara y María Fidela Saavedra, y que sólo se instituyó herederos respecto a doña María Fidela Saavedra, a quien corresponde sólo el 50% del bien materia de litis, mas no existe sucesión hereditaria del esposo Elías Gonzáles Saavedra doña Carmen Gonzales Saavedra, madre de la recurrente Francisca Vásquez Gonzáles, es evidente que a esta última no le asiste legitimidad para interponer la presente demanda, dado que no ha acreditado su vocación hereditaria respecto a su abuelo Elías Gonzáles Guerva. 5. La legitimidad para obrar o legitimatio ad causam, es una condición de la acción que precisamente limita o condiciona el ejercicio de ésta a su existencia, tan es así que la demanda interpuesta por quien carece de legitimidad para obrar puede ser declarada improcedente de oficio por el Juez, pudiendo incluso ser denunciada a través de la correspondiente excepción. Asimismo se configura cuando no existe coincidencia entre las personas que la norma le otorga el derecho con la que plantea la acción. 6. En el caso de autos, conforme lo ha señalado la Sala Superior el demandante Víctor Abraham Chugden Vásquez en representación de Francisca Vásquez Gonzáles adolece de legitimidad para obrar, en tanto la madre de doña Francisca Vásquez Gonzáles, Carmen Gónzales Saavedra no fue declarada heredera de Elías Gonzáles Guevara, propietario primigenio de los predios sub litis, siendo así, al no probar su vocación hereditaria en este proceso, se encuentra imposibilitada de iniciar la presente acción judicial, motivo por el cual la demanda debe ser declarada improcedente, en aplicación del artículo

13 numeral 1 del Código Procesal Civil, por consiguiente no se acredita la infracción del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, debiendo declararse infundado este extremo del recurso de casación. Copropiedad Reivindicación y defensa de bien común 7. El artículo 969º del Código Civil señala: Hay copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas. ; a su vez el artículo 979º del acotado código sustantivo precisa: Cualquier copropietario puede revindicar el bien común. Asimismo, puede promover las acciones posesorias, los interdictos, las acciones de desahucio, aviso de despedida y las demás que determine la ley. 8. El artículo 969º del Código Civil, señala que la copropiedad supone la concurrencia de una pluralidad de titulares, con iguales derechos, respecto de un mismo bien, en proporción de sus cuotas ideales. La facultad que otorga el artículo 979º del Código Civil debe ser ejercida exclusivamente contra terceros, pues los condóminos tienen derecho a servirse del bien común conforme a lo dispuesto por el artículo 974 del referido código. 9. Sin embargo, el recurrente al carecer de legitimidad para poder iniciar la presente acción de reivindicación, no tiene derecho a recibir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, toda vez que no se cumple con una de las condiciones de la acción que precisamente limita o condiciona el ejercicio de ésta a su existencia, siendo así al haberse emitido una sentencia inhibitoria carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a los alcances del artículo 969º y 979º del Código Civil, que está referido al fondo de la controversia, motivo por el cual estas causales deben ser declaradas infundadas. 13

14 En aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nro : NUESTRO VOTO es porque se declare: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Víctor Abraham Chugden Vásquez, a fojas seiscientos treinta y seis; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha cuatro de julio de dos mil catorce, obrante a fojas seiscientos veintiséis, expedida por la Sala Mixta Descentralizada Permanente e Itinerante de Santa Cruz - Chota de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que declara nulo todo lo actuado a partir del auto admisorio e improcedente la demanda; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Víctor Abraham Chugden Vásquez, en representación de su madre Francisca Vásquez Gonzáles contra el Aidé Eusebia Guevara Sánchez y otra sobre reivindicación de bienes herenciales; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo De la Barra Barrera.- SS. WALDE JAUREGUI CUNYA CELI DE LA BARRA BARRERA Rro. El secretario de la Sala que suscribe certifica: los señores Jueces Supremos Walde Jáuregui, Del Carpio Rodríguez, Calderón Puertas y De La Barra Barrera, vuelven a suscribir su voto que fuera efectuado con fecha veintiuno de julio del dos mil quince; la señora Jueza Suprema Rodríguez Chávez, vuelve a suscribir su voto que fue efectuado con fecha treinta de marzo del dos mil dieciséis; y en cuanto al señor Juez Supremo Cunya Celi no vuelven a suscribir su voto de fecha veintiuno de julio del dos mil quince, debido a que actualmente se encuentran cumpliendo funciones en la Corte Superior de Justicia de Piura, Lima, dos de agosto del dos mil dieciséis. 14